El gobierno de Javier Milei sigue profundizando su recorte del gasto público pero no en los sectores privilegiados ni en los grandes grupos económicos sino en el bolsillo de los jubilados. Un informe de la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) reveló que un jubilado que cobra el haber mínimo debe destinar el 14,21% de sus ingresos solo para pagar la luz, casi el triple que en noviembre de 2023. Pero el ajuste no se detiene allí y avanza sobre la salud y la asistencia básica, con recortes en la cobertura del PAMI y demoras en la entrega de insumos esenciales.
Según el estudio, un adulto mayor con un consumo de 500kwh debe pagar $43.670,15, lo que equivale al 14,21% de su magro ingreso. En noviembre del 2023 ese mismo servicio le costaba apenas el 4,72%. Para consumos más bajos, la situación no mejora: en el caso de 350kwh, el gasto pasó del 3,9% al 5,94%, y para 150kwh, se duplicó (del 1,11% al 2,55%).
Mientras el Gobierno celebra el “equilibrio fiscal”, los números muestran que ese superávit se construye sobre el sacrificio de quienes menos tienen. El reciente aumento del 1,9% proyectado para septiembre, igual a la inflación de julio, no alcanza para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre. La jubilación mínima quedará en $320.220,69, una cifra que, frente al aumento de tarifas y medicamentos, equivale a una condena a la pobreza.
PAMI: menos remedios, más enfermedades sin cobertura
Pero el ajuste no termina en las boletas de servicios. El PAMI, la obra social que atiende a millones de jubilados, también sufrió recortes silenciosos pero brutales:
La cobertura de medicamentos pasó del 100% al 80% o 50%, dependiendo del fármaco. Solo algunas enfermedades, como la diabetes, mantienen el beneficio completo, pero ya no se cubren al 100% remedios para el colesterol o los problemas de tiroides, condiciones crónicas que afectan a una gran franja de los adultos mayores.
Se redujo de 6 a 5 la cantidad de remedios cubiertos por mes, limitando aún más el acceso a tratamientos.
Los trámites para la entrega de pañales se volvieron más lentos y burocráticos, dejando a muchos sin insumos básicos por semanas. Al tercerizar la entrega de pañales a una empresa prestadora perteneciente al grupo Clarín se modificó un sistema que realizaba la entrega a través de las farmacias y funcionaba relativamente bien. Ahora cada jubilado que necesita este servicio tuvo que volver a empadronarse con las consecuentes demoras burocráticas que demora todo nuevo trámite.
Estos cambios, implementados sin anuncio oficial, forman parte de una estrategia de ahorro a costa de la salud de los jubilados, otro eslabón en la cadena de ajustes que permite al Gobierno mostrar números azules en las cuentas públicas.
Un consejo de “expertos” conformado por jueces y militares
Para darle un tinte de legitimidad al decreto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich creó un “Consejo Académico Asesor” integrado por jueces, fiscales y altos mandos policiales, presidido por el juez Ricardo Basílico. La presencia de figuras del poder judicial no garantiza transparencia, es el mismo Poder Judicial que el oficialismo ataca cuando no le es funcional y avala cuando condena a sus opositores como en el caso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La pregunta es inevitable: ¿quién controlará a los controladores? ¿Qué impide que estos “avatares” se infiltren en grupos de protesta, sindicatos o medios críticos al Gobierno? La historia argentina ya conoce los peligros de dotar a las fuerzas de seguridad de facultades discrecionales.
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Ahora cada jubilado que necesita este servicio tuvo que volver a empadronarse con las consecuentes demoras burocráticas que demora todo nuevo trámite.
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La vejez empobrecida financia el equilibrio fiscal
Milei repite como un mantra que “no hay plata”, pero los datos muestran que sí la hay, solo que se la quita a los más vulnerables. Mientras las empresas energéticas y farmacéuticas festejan, los jubilados eligen entre comer, pagar la luz o comprar sus remedios.
