El Gobierno de Javier Milei, que se jacta ser defensor de la libertad individual y el liberalismo extremo, dio un nuevo paso hacia la consolidación de un Estado policial en el espacio digital. A través de un protocolo publicado en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich oficializó la utilización de “agentes encubiertos digitales” para monitorear redes sociales y plataformas virtuales sin necesidad de orden judicial previa. Esta medida recuerda a los peores métodos de vigilancia masiva de regímenes autoritarios como Corea del Norte.
Bajo el argumento de combatir delitos como el narcotráfico, el terrorismo y la distribución de material de abuso infantil, el gobierno habilita una herramienta de espionaje que abre la puerta a la persecución política y la violación de privacidad de cualquier usuario. La resolución crea un “Registro de Avatares” para que las fuerzas de seguridad operen con identidades falsas. Este registro les permitirá infiltrarse en conversaciones privadas o debates públicos bajo pretexto de “auxiliar a la justicia”. La tan cuestionada privacidad en el espacio digital vuelve a ponerse en jaque con estas medidas.
Un Gobierno que habla de libertad pero vigila a su ciudadania
Milei llegó al poder prometiendo “desregular” la vida de los argentinos pero su gestión avanza en la dirección opuesta. El eje de su política en seguridad busca regular hasta el último pixel o byte de la interacción social. La creación de esta red de espionaje digital se suma a otras medidas como la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad (UIAAS) y los “ciberpatrullajes” autorizados por la resolución 428/2024.
Lo más preocupante no es solo la falta de controles judiciales sino la retórica que lo justifica. Se busca demonizar a la ciudadanía como potencial delincuente para normalizar la vigilancia. Es el mismo discurso que usaron las dictaduras para espiar a opositores, esta vez reciclado con términos tecnocráticos como “agentes reveladores digitales”.
Se trata de una línea delgada. Alexia Abaigar, militante y funcionaria del Ministerio de la Mujer en PBA, fue encarcelada tras ser acusada de tirar excremento en la puerta de la casa del diputado ultraderechista José Luis Espert. Hoy cursa prisión domiciliaria y se le exige una fianza millonaria. Eva Mieri, concejal de Quilmes y militante de La Cámpora, fue señalada como aurora intelectual del hecho y estuvo 13 días en el penal de Ezeiza, hasta que se ordenó la excarcelación.
Un consejo de “expertos” conformado por jueces y militares
Para darle un tinte de legitimidad al decreto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich creó un “Consejo Académico Asesor” integrado por jueces, fiscales y altos mandos policiales, presidido por el juez Ricardo Basílico. La presencia de figuras del poder judicial no garantiza transparencia, es el mismo Poder Judicial que el oficialismo ataca cuando no le es funcional y avala cuando condena a sus opositores como en el caso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La pregunta es inevitable: ¿quién controlará a los controladores? ¿Qué impide que estos “avatares” se infiltren en grupos de protesta, sindicatos o medios críticos al Gobierno? La historia argentina ya conoce los peligros de dotar a las fuerzas de seguridad de facultades discrecionales.
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Es el mismo Poder Judicial que el oficialismo ataca cuando no le es funcional y avala cuando condena a sus opositores como en el caso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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El doble estándar libertario
Mientras Milei desmantela el Estado en áreas clave como educación, salud y ciencia lo fortalece en su capacidad de reprimir y vigilar. No es libertad sino autoritarismo 2.0. Es un sistema donde el mercado decide quién come y quién no y el Gobierno decide quién se queja y quién es espiado.
El decreto es la confesión de un miedo. Es un gobierno que teme perder el control del aparato digital que le permitió acceder al poder. Y en ese camino, demuestra que su “libertad” era solo otra palabra vacía.
Esta justicia no es sólo corporativa, sino profundamente patriarcal y machista. No se detienen de esa forma dirigentes varones: cabe recordar que, casi diez años atrás, fueron por Milagro Sala y nunca más la soltaron. A las mujeres que desafían distintos mandatos, se les responde desde las entrañas del poder con un odio rencoroso que esconde un intento de disciplinar y censurar por motivos de género.
