John Locke, el filósofo inglés padre del liberalismo clásico, sostenía que el Estado debía existir para proteger tres derechos fundamentales que el ciudadano no delega en el miso Estado y conserva para si mismo: la libertad, la propiedad y la vida. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos derechos se impone sobre los otros? ¿Qué sucede cuando la defensa irrestricta de la propiedad privada termina costando vidas ?
El caso de Thiago, el niño de siete años baleado y muerto en La Matanza durante un tiroteo entre un policía federal y cuatro delincuentes que intentaban robarle, no es solo una tragedia aislada. Es la consecuencia lógica de una ideología que coloca la propiedad por encima de todo, incluso de la vida humana.
El oficial, fuera de servicio pero armado, decidió responder al atraco con fuego indiscriminado en plena vía pública. Realizó 11 disparos. El resultado: un joven delincuente de 18 años muerto, dos heridos, y Thiago, que solo esperaba el colectivo con su padre, con un balazo en la cabeza que también le produjo su muerte. ¿Era el celular (o lo que fuera que le quisieran robar) más valioso que la vida de un niño?
Milei, la policía y la vieja doctrina del gatillo fácil
El gobierno de Javier Milei ha convertido la defensa de la propiedad privada en un dogma. Ese dogma ya estaba presente en vastos sectores de nuestra sociedad, pero ahora colonizó el aparato estatal bajo el gobierno libertario. En el discurso del presidente, cualquier intento de robo justifica una respuesta letal, sin importar el contexto, sin importar los riesgos colaterales. La vida pasa a ser un daño colateral aceptable en nombre de la seguridad patrimonial. Pero esta lógica no es exclusiva del Estado. Los delincuentes que arriesgan su vida por un celular o una moto operan bajo la misma premisa distorsionada: la propiedad vale más que la existencia. Y así, en esta espiral de violencia absurda, policías y ladrones se convierten en actores de un mismo juego macabro, donde lo material está por encima de lo humano. En esta lógica del consumo como proyecto vital, la propiedad privada, un iPhone, una PlayStation y unas zapatillas Nike pasan a valer más que la vida humana. Tanto para los delincuentes como para los policías.Como dice el propio presidente, la batalla es claramente cultural.
“Cárcel o bala”: La consigna de Espert que se convierte en tragedia
José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza, ha repetido hasta el cansancio su máxima: “Al delincuente, cárcel o bala”. Una frase efectista, que resonó en el Congreso y en los medios, pero que en la práctica se traduce en policías gatillando primero y preguntando después. A veces la bala no es para el delincuente, como en el caso de Thiago y la risa que provoca un slogan tan bizarro muta en tragedia.
¿Es esto lo que queremos? ¿Una sociedad donde cualquier intento de robo—incluso el de un celular—justifique una respuesta letal, sin importar quién más caiga en el fuego cruzado?
No se trata de romantizar el robo ni de apoyar la delincuencia, solo se trata de ser racional y fijar una escala de valores donde la vida este por encima de cualquier otro bien.
José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza, ha repetido hasta el cansancio su máxima: “Al delincuente, cárcel o bala”.
¿Qué país estamos construyendo?
Thiago no es el primero. No será el último. Mientras se glorifique la “mano dura” y se justifiquen los “errores” policiales en nombre de la legítima defensa de la propiedad, estos casos se repetirán. Mientras la felicidad vaya asociada al consumo y el proyecto de vida este ligado a la acumulación de bienes, policías y ladrones serán dos caras de la misma moneda. Ambos provienen de los mismos sectores marginales de la sociedad que quedan fuera del festival del consumo repetido una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales. ¿Realmente queremos vivir en un país donde un objeto valga más que un niño?
La pregunta no es retórica. Es urgente. Porque si algo demuestra este hecho es que, en esta Argentina de balas y fanatismos, lo que peligra es la vida de todos y todas los que habitamos estas tierras: delincuentes, policías y ciudadanos de a pie.
Es decir, el Ejecutivo de Milei optó por el atajo: dictar resoluciones ministeriales y reglas reservadas, dejando a oficiales y soldados expuestos a situaciones jurídicas difusas y potencialmente peligrosas para su propia protección. Nuevamente se envía a las Fuerzas Armadas a parchear cualquier problema que tiene el Estado y continúa la falta de respuestas reales a los desafíos de la Defensa Nacional.
La “Operación Roca” se suma al ya avanzado Plan Güemes, que se ejecuta desde el año pasado y que tuvo su segundo lanzamiento en un acto que fue encabezado por Petri, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz. “Pusimos en marcha el nuevo corredor que abarca Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza. Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, precisó el mandatario provincial en un posteo de X.
